“No queremos que existan”: un vistazo a la discriminación institucional

La Secretaria de Educación y Cultura de Quintana Roo, Dra. Marisol Alamilla Bentacourt, se convirtió en el centro de la polémica al difundirse un video en el que realiza una serie de desafortunadas declaraciones en contra de las personas con discapacidad. El material audiovisual puede verse en distintos perfiles de redes sociales y en él es posible apreciar la frase que destaca el discurso de la funcionaria “Lo que menos queremos nosotros en el Estado (de Quintana Roo) es tener niños en estas condiciones (de discapacidad) (…) porque lo que más queremos es que no existan“.

Las reacciones han ido desde el enfado hasta el demandar la renuncia de la Secretaria, sin embargo durante el día de ayer 8 de mayo se emitieron dos comunicados que buscan cerrar este bochornoso episodio: el posicionamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en el que se dan recomendaciones a la Secretaria y a la dependencia de que es titular sobre la importancia de la educación inclusiva y la no discriminación, y una explicación por parte de Alamilla en la que reitera que en sus comentarios “nunca existió intención de discriminación o exclusión alguna hacia ninguna persona”.

Si bien el comportamiento de la Dra. Alamilla Betancourt generó inconformidad y reprobación por parte de la sociedad quintanarroense, no se trata de un caso aislado ni mucho menos es la primera vez que un funcionario o funcionaria emite declaraciones que promueven la exclusión de las personas con discapacidad en el discurso político. Desde el rechazo a la promoción de políticas públicas por no tratarse de un tema prioritario, hasta la negación del ejercicio de sus derechos por parte del Congreso de la Unión, las personas con discapacidad sufren una discriminación que se genera dentro del mismo sistema institucional y se traduce en comportamientos sociales excluyentes.

En noviembre de 2016 el diputado jalisciense Augusto Valencia López denunció a través de sus redes sociales al Congreso de Jalisco por rechazar una iniciativa que buscaba transformar el transporte del Estado en un espacio accesible, en específico señaló al diputada María del Rocío Corona Nakamura como la responsable de esta decisión. Si bien el debate por las leyes es cosa de todos los días en los distintos Congresos Estatales, lo que llama la atención en este caso es que el Dictamen de Acuerdo Legislativo niega la importancia de un proyecto como éste y asegura que no contar con las unidades necesarias no es discriminatorio, pues se trata de un sector mínimo de la población.

Las estadísticas son fieles aliados del discurso político, pues al igual que la comisión presidida por Corona Nakamura desestima los números aparentemente menores que representa el sector de la población con discapacidad y los contrapone con otros que favorecen a las instituciones, Alamilla Betancourt considera que el millón y medio de habitantes de Quintana Roo no es proporcional a la cifra de personas en situación de discapacidad. Otra cifra que debiera ser considerada por las instituciones es que la falta de apoyo gubernamental es una de las principales barreras para la inclusión social de las personas con discapacidad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México sitúa a la discapacidad dentro de las 5 principales causas por las que una persona puede ser excluida socialmente. En primer lugar se encuentran las personas indígenas, seguidas por las que se asumen como parte de la Comunidad LGBTTIQ, los migrantes y los adultos mayores. Si tomamos en cuenta que la discapacidad, como problemática social, es transversal a todas las situaciones previamente mencionadas (una persona indígena en situación de discapacidad que migró de su comunidad a una urbanización, por ejemplo), no se trata de un asunto aislado que se sirva solamente de una clase de estadísticas para ser desestimado a nivel institucional.

Es comprensible, pero no justificable, que al no tener estas cifras y el contexto adecuado el discurso sobre discapacidad se perciba insensible. Basta recordar cuando se produjeron las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y el borrador de ley redactado por el entonces senador panista Javier Lozano, mostraba un contenido que carecía de inclusión social y se encontraba más próximo a la desinformación al mencionar que todas las personas con discapacidad necesitaban de asistencia para poder comprender lo que ocurre en los medios de comunicación, entre otras líneas claramente discriminatorias producto de la ignorancia.


¿Qué hacer cuando las instituciones son las que promueven un discurso discriminatorio? ¿Cuáles son las acciones que deben tomarse para erradicar una situación que impide el disfrute de los derechos fundamentales? Exigir la renuncia de funcionarios es un camino, aunque no necesariamente el mejor pues a un funcionario insensible puede seguirle otro, lo mismo en cargos de elección popular. El letargo de la participación ciudadana al respecto también contribuye al desarrollo de políticas equivocadas que, basadas en las buenas intenciones, promueven acciones que lejos están de instaurar una sociedad justa para todas y todos.

Pero el factor principal por el que el discurso discriminatorio es una constante en el sector institucional es la ausencia de la voz de las personas con discapacidad. Tal vez las cifras parezcan importantes cuando las Secretarías y los Congresos escuchen atentamente lo que implica vivir con una discapacidad, no solamente para las personas con una determinada condición, también los familiares y el entorno inmediato que procura una mejor calidad de vida y un ejercicio pleno de sus derechos. Tal vez en ese momento lo que no querrán que exista sean condiciones inadecuadas para la ciudadanía en general.

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