La discapacidad sigue siendo invisible para el sistema de justicia mexicano

Es un buen día para conversar con Documenta AC, pues han recibido noticias favorables sobre el juicio de amparo que les fue concedido en la defensa de un joven con discapacidad intelectual implicado en un proceso en el que se le acusa de abuso sexual. El camino para un logro como este no es nada fácil, así me lo hace saber Diana Sheinbaum, coordinadora del programa de discapacidad y justicia con el que cuenta la asociación, pues el acceso a la justicia para personas con discapacidad en México es un asunto que parece estar en la invisibilidad para que sea incluido en la agenda del Estado mexicano.

Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el acceso a la justicia, principal área de trabajo de Documenta, van desde las más obvias como las comunicativas y cognitivas hasta las más complejas de tratar en el ámbito jurídico como las emocionales y actitudinales. Esto da como resultado una serie de vacíos que comienzan a llenarse con la labor de la sociedad civil, pero se trata tan sólo del inicio de un camino en el que la escena de fondo es un sistema penitenciario deficiente y un proceso penal de autor y no de acto, es decir, se cuestiona a la persona y no al hecho.

En esta conversación Diana Sheinbaum me ayuda a entender cuál es el panorama del sistema de justicia penal en México, los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en el acceso a la justicia, y algunos recursos obtenidos con el paso del tiempo que alimentan la esperanza de un sistema más justo e incluyente.

Vale la pena comenzar contando la labor que realiza Documenta AC, pues se trata de una asociación civil que ha desarrollado un modelo de trabajo interdisciplinario en el que conviven la investigación, el litigio y la producción de material audiovisual documental. Diana  reconoce el éxito de esta fórmula: “te permite tener una perspectiva más amplia de un tema y mirar el asunto desde diferentes ángulos. Consideramos que las imágenes tienen un poder muy directo y amplio en la sensibilización, entonces una de nuestras áreas es la producción de estos materiales (audiovisuales) para poder visibilizar los temas que trabajamos y concientizar a la sociedad en general y a los operadores sobre lo que nos preocupa”.

Y es que “visibilizar” es un término que se utiliza bastante durante la conversación, pues justo ese es el principal problema que enfrenta el acceso a la justicia en el caso de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en México, es un tema olvidado o poco tratado.

Todo Incluido: ¿Cuál es el panorama actual del sistema de justicia mexicano como para sentir la necesidad de cambiarlo?

Diana Sheinbaum: El sistema de justicia es muy complejo y hay muchas aristas en él. En el caso específico de lo que nosotros trabajamos creo que sin lugar a dudas ha habido una invisibilización del tema. La persona (con discapacidad) no participa y pasa por el proceso sin entender de qué se le está acusando y acaba recluida en un centro de readaptación psicosocial. El sistema de justicia gira en torno, no a si cometió el hecho o no, a las pruebas, a contraposición de argumentos, se enfoca en “bueno, es inimputable” y entonces no puede participar, se le dicta una medida y estará en prisión con tratamiento; eso es todo lo que Documenta está tratando de cambiar, garantizar que las personas con discapacidad sean sujetos de derechos.

TI: ¿Aun si realmente cometieron un acto ilícito?

DS: Claro, como sujeto de derechos y obligaciones, no se vale decir sólo para un lado. Si cometieron el hecho y es probado y hubo una defensa adecuada y se cumplieron todas las garantías de un juicio justo, entonces es necesario emitir una medida o una sentencia equiparable al delito mismo, no a la cualidad de la persona.

TI: ¿Qué diferencias hay entre el proceso que vive una persona con discapacidad al de una sin discapacidad?

DS: Han cambiado mucho las cosas, en 2014 se expidió el nuevo código nacional de procedimientos penales, es un código para todas las entidades del país (anteriormente cada estado tenía su código de procedimientos penales). En el caso del DF, hablando de la discapacidad intelectual y psicosocial, existía el procedimiento especial para inimputables. El mismo término “especial” te habla de algo diferenciado y en este caso también discriminatorio. Este código decía que la persona no tenía capacidad jurídica, entonces necesitaba un representante para actuar por ella.

¿Qué hizo el código nacional de procedimientos penales? Bueno, eliminó el procedimiento especial. Allí habría que ver si es un fraude de etiquetas o si cambió algo. Por un lado el código habla de la igualdad y no discriminación ante la ley y ahí sí dice específicamente que una persona con discapacidad no podrá ser discriminada y se tendrá que garantizar su igualdad en el acceso a la justicia a través de la implementación de ajustes razonables, los cuales están definidos en el artículo 13 de la Convención.

El artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se centra en el acceso a la justicia. En él se detalla que los Estados parte deben asegurar que este acceso se dé en igualdad de condiciones, realizando los ajustes necesarios en los procesos de justicia; resalta también que la participación de las personas con discapacidad en el sistema de justicia puede darse de manera directa e indirecta, en otras palabras puede ser implicado o testigo. En cualquier caso debe garantizarse el acceso a la justicia, a través de mecanismos como la capacitación a los operadores de justicia, incluyendo al personal policial y penitenciario señala el mencionado artículo.

A la luz de esta recomendación, Diana considera que los recursos que recientemente han sido incluidos al sistema de justicia mexicano pueden ser aliados para que el Estado cumpla sus obligaciones “me parece que hoy en día hay una ventana de oportunidad con el nuevo sistema acusatorio, los nuevos juicios orales, con el proceso de transición que han pasado los operadores de justicia para capacitarse en este nuevo sistema en el que está el tema de la ratificación de nuevos tratados internacionales y cómo éstos se equiparan a la Constitución; el Estado mexicano está obligado a cumplirlos. Creo que hay un movimiento enfocado a poner atención a un tema que estaba abandonado como el de la discapacidad”.

El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales eliminó el procedimiento especial. Allí habría que ver si es un fraude de etiquetas o si cambió algo, pero este documento habla de la igualdad y no discriminación.

Dentro de estos ajustes al sistema de justicia, Documenta AC tiene un proyecto piloto interesante que busca mejorar la comunicación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual con las instituciones: la figura del facilitador. La presencia de un tercero en el proceso tiene entonces una nueva connotación.

TI: ¿Qué acciones deben tomarse en cuenta cuando se detectan anomalías en el proceso jurídico o penal?

DS: Documenta lo que ha hecho frente a esas problemáticas es crear la figura del facilitador, es una figura inédita y nos damos cuenta que, para las personas específicamente con discapacidad psicosocial e intelectual, no había nada que hiciera del sistema un ámbito accesible y garante de sus derechos humanos. Este facilitador lo que hace es que, cuando está en una audiencia con una persona que puede tener una discapacidad, garantiza que la persona pueda participar en la medida de sus habilidades, puede ser tomada en cuenta.

TI: ¿Quién puede ser un facilitador? ¿un abogado?

DS: No un abogado realmente, en general personas que llevan muchos años trabajando el tema de discapacidad psicosocial e intelectual: maestras de educación especial, terapeutas de lenguaje, psicólogas, trabajadores sociales. Es (un rol) de una perspectiva más social, resuelve problemas de comunicación, de entendimiento de las implicaciones que tiene la discapacidad en el proceso, entonces es una figura que apoya a todos.

Esta metodología del facilitador que introduce Documenta AC al sistema de justicia mexicano hasta el momento no registra un antecedente inmediato. Lo que sí debo mencionar es que su implementación me recuerda a lo hechos que plantea la película Cries from the heart, en la que un niño que vive con autismo sufre de abuso sexual por parte de un terapeuta. El hecho llega a los tribunales y el sistema de justicia incluye el testimonio del menor a través de un dispositivo de comunicación que el chico maneja en colaboración con una profesora de educación especial. La cinta plantea retos similares a los que Diana comenta en esta conversación y que quizá puedan servir para ejemplificar claramente las barreras a las que una persona con discapacidad se enfrenta para acceder a la justicia.

Aunque todos estos recursos e iniciativas muestran un claro avance en materia de ajustes al sistema de justicia mexicano, lo cierto es que la situación actual de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual no es la más favorable ni está cerca de resolverse. Un estudio realizado por Documenta AC arroja resultados sobre las causas principales por las que se imputa a este tipo de personas y uno de los principales motivos es el robo, delito para el que hay diversas penalizaciones que van desde sanciones financieras hasta encarcelamiento. La realidad que enfrenta una persona con discapacidad acusada de este hecho ilícito contempla solamente la privación de la libertad teniendo como amparo el término jurídico “inimputabilidad”.

TI: ¿Cómo se define la inimputabilidad?

DS: Su definición es que, al momento de cometer el hecho, la persona no tuvo la capacidad de comprender el carácter criminal o ilícito de esa conducta ni las consecuencias de la misma. Ese capítulo de inimputabilidad está en el código en algo que se llama “las excluyentes de responsabilidad”, esto quiere decir que si eres inimputable tal vez no eres responsable penalmente, pero eso no quiere decir que no vas a llevar un proceso y que no te van a dictar una sentencia. Lo que pasa entonces es que los declaran inimputables y les dicen “bueno, no te voy a dar una pena, te voy a dar una medida de seguridad” y la medida de seguridad es tratamiento e internación. Entonces acaban igual todos en el Cevarepsi, que es dependiente del sistema penitenciario –hay muchas contradicciones ahí–, acaban privados de su libertad

TI: ¿Es una especie de cárcel?

DS: Es una cárcel, pero con tratamiento psiquiátrico. En algunos casos muy mediáticos que salen en la televisión diciendo que lo declararon inimputable “ya va a salir y no lo castigaron” no es real, lo que nosotros hemos visto y con base en las estadísticas que tenemos en las que comparamos robos, por ejemplo, en el caso de personas imputables un porcentaje tuvo una condena absolutoria y otro porcentaje tuvo una sentencia condenatoria. En el caso de inimputables — por el mismo delito– todos recibieron una sentencia condenatoria, no hubo ninguno que no la recibiera. Entonces no hay un trato favorable en el tema de la inimputabilidad y eso es muy importante desmitificar.

TI: ¿Y qué pasa cuando se acaba la medida de seguridad?

DS: Nosotros hemos visto tristemente que muchas personas han sido abandonadas y en el caso de los inimputables para que puedan salir deben ser entregados a un representante. Otra vez comienza la discriminación, porque si tu cumples una condena pues la acabas, pero aquí tienes que ser entregado a alguien, como objeto, que se encargue de ti. Y si el Cevarepsi no encuentra familia o toca las puertas a la casa y dicen “no lo queremos recibir” pues tienen que buscar una institución que los reciba y estamos en el ciclo calle-cárcel-psiquiátrico-institución. Generalmente los dejan en una institución y si tienen familia, pues salen.

En la imagen se presenta en formato accesible el proceso que sigue una persona con discapacidad intelectual al ser acusada de cometer un delito.

Es evidente que una sola conversación no me convierte en experto legal, pero debo decir que ésta ha servido lo suficiente como para comprender que el tema de inclusión social va mucho más allá de garantizar un sistema de rehabilitación física para las personas con discapacidad, que contempla otros campos de acción como el jurídico y el penal. El acceso a la justicia aún presenta deficiencias que deben ser erradicadas por el Estado mexicano, pues muchas veces las barreras y la discriminación provienen de las propias instituciones de gobierno.

Cuando se declara inimputabilidad les dicen “bueno, no te voy a dar una pena, te voy a dar una medida de seguridad” y la medida de seguridad es tratamiento e internación. Entonces acaban igual todos en el Cevarepsi, que es dependiente del sistema penitenciario.

Esta entrevista con Diana me hace reflexionar sobre mi propia libertad y autonomía como persona sin discapacidad, sobre mi dignidad como ciudadano y miembro de una nación democrática ¿Y si de pronto me quitaran todas esas garantías? Aún falta mucho por hacer y Documenta AC toma como reto propio esta clase de cuestionamientos añadiendo a sus funciones la capacitación y el brigadeo, generando talleres y conferencias para magistrados y operadores de justicia (en el primer caso) y acudiendo a centros de readaptación social para hacerse presente con información (en la segunda situación).

Antes de terminar con esta conversación, lanzo a Diana dos últimas preguntas relacionadas con el futuro. Aunque difícil de predecir una situación tan incierta como los tiempos venideros, siempre es bueno especular con base en el pasado y el presente esperando que estemos en un lugar mejor.

TI: ¿En el corto, mediano y largo plazo cuál es su misión?

DS: Garantizar a través de la implementación de estos ajustes en el procedimiento que la persona participe plena y efectivamente, y a través de eso capacitar y sensibilizar a los operadores del sistema de justicia.

TI: ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para el sistema penal?

DS: Solo hay esperanzas, yo creo que va a haber muchos baches en el camino, pero espero que se dirija a ser un sistema de justicia incluyente.

 

Así concluye esta entrevista, con un ánimo esperanzador en medio de una vorágine legal y jurídica que no termina de garantizar la justicia para la ciudadanía mexicana. Coincido con Diana en que no será una labor fácil lograr llegar a buen puerto en la tarea por el acceso a la justicia, pero Documenta AC ha puesto un importante grano de arena para que el trabajo sea, sino más fácil, por lo menos mejor guiado.

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