Aseguran que iniciativa de Ley atenta contra los derechos de personas con discapacidad

La iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental, propuesta por la diputada Leticia Amparano Gámez, atenta contra los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, así lo aseguran organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención y lucha de este sector de la población. Human Rights Watch y Transversal se han pronunciado a través de comunicados en los que rechazan la redacción del documento legislativo y las implicaciones que pudiera tener, pues consideran que se trata de un retroceso significativo en materia de derechos humanos.

Esta iniciativa de ley se encuentra a cargo de la Comisión de Salud Mental y Drogas, adscrita a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Su objetivo principal es “crear un ordenamiento jurídico con el objeto de asegurar el derecho a la protección de la salud mental de la población y garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y adicciones”. La redacción del documento señala que además es necesaria la creación de un Consejo Nacional de Salud Mental para la promoción y prevención de la salud mental, así como el tratamiento de los trastornos mentales.

Transversal, al igual que Human Rights Watch, considera que se trata de un atentado en contra de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y señalan que algunos de los artículos incluso amparan prácticas desechadas hace tiempo como los procesos quirúrgicos para la reversión de trastornos mentales. En su posicionamiento, Transversal considera que la iniciativa de Ley es contraria a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sustentan además sus opiniones en lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al señalar que la salud mental debe ser parte integral de los servicios de salud.

En ese mismo tenor, Human Rights Watch ha solicitado a la Comisión de Salud que no apruebe el proyecto de iniciativa de Ley tal y como está escrito. Pide que se haga una consulta en la que se recojan opiniones de los principales implicados y del resto de la sociedad civil, pues la salud mental debe ser considerada como una característica integral y no solamente de un grupo poblacional como describe el proyecto legislativo. Todo esto, asegura la organización, contribuye a una transición ordenada hacia el modelo de derechos humanos que dota a las personas con discapacidad de una personalidad como sujetos de derechos y no como objetos de asistencialismo.

Ambas exigencias coinciden en que la iniciativa de Ley se trata de un texto que reproduce estereotipos sobre las personas con discapacidad psicosocial, pues se repiten conceptos como “enfermedad mental” y algunos otros relacionados con la supuesta peligrosidad que les representa a las personas y a la sociedad en general la existencia de una condición de vida relacionada con la discapacidad psicosocial.

¿Qué es la discapacidad psicosocial?

De acuerdo a la definición que ofrece el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la discapacidad psicosocial es “la limitación de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas”. Gracias a esta definición es posible comprender que vivir con depresión, ansiedad y otro tipo de condiciones mentales, se considera una discapacidad psicosocial.

Históricamente se ha creído que las llamadas enfermedades mentales son sinónimo de peligrosidad, individual y colectiva, así como símiles a la incapacidad en la toma de decisiones pues, al estar “enfermos”, no son capaces de comprender lo que hacen y mucho menos sus implicaciones. Lo anterior queda claro en el sistema de justicia cuando se crean figuras como la interdicción y la inimputabilidad, que quitan capacidad jurídica a las personas que viven con una discapacidad intelectual o con una psicosocial y les niegan el derecho a un debido proceso destinándoles al encierro involuntario o indeterminado.


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Con respecto a estos últimos puntos, la iniciativa de Ley propuesta por Amparano Gámez también contempla el aislamiento y los tratamientos consistentes en electrochoques para la rehabilitación y, de acuerdo a lo expuesto en el texto, la curación de las personas con discapacidad psicosocial, a quienes insistentemente les llama enfermos mentales, a través de psicocirugía (comúnmente conocido como lobotomías). Al respecto Transversal manifiesta su rechazo y va más allá al enfatizar que la iniciativa carece de una perspectiva de género al avalar en su artículo 55 las esterilizaciones forzadas.

¿Quién propone esta iniciativa de Ley?

La diputada Leticia Amparano Gámez es la responsable de este proyecto legislativo. Amparano pertenece al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el que milita hace algún tiempo pues de 2006 a 2009 fue diputada local en la LVIII Legislatura del Congreso de Sonora, en donde presidió la Comisión de la Mujer. Además de esta labor, su trayectoria en atención al sector de la población que vive en situación de discapacidad incluye el haber pertenecido a una Comisión encargada de revisar asuntos relacionados con este grupo poblacional. La licenciada en psicología fue también directora del Servicio Estatal de Salud Mental de Sonora.

En su cuenta de Twitter, la actual Secretaria de la Comisión de Salud Mental y Drogas no ha realizado ninguna clase de comentario o pronunciamiento ante las demandas de grupos inconformes con su iniciativa. Su actividad digital está destinada a hacer promoción de la agenda que sigue como parte del Grupo Parlamentario del que es miembro, así como difundir las actividades institucionales relacionadas con su partido político. Al cierre de esta edición, tampoco existe comentario alguno por parte del Presidente de la Comisión, el Mtro. Elías Octavio Íñiguez Mejía.

La iniciativa de Ley aún aparece como pendiente de discusión en la página oficial de la Cámara de Diputados, razón por la que organismos de la sociedad civil buscan realizar algún tipo de presión para que esta propuesta legislativa no sea aprobada tal y como está escrita, además de buscar la consulta de personas que vivan y trabajen con la discapacidad psicosocial atendiendo así a lo dispuesto en la Convención. En este mismo sentido, cabe recordar que será en 2018 cuando el Comité de las Naciones Unidas encargado de atender a la población en situación de discapacidad, realice las revisiones correspondientes para determinar si el Estado mexicano ha cumplido con la ratificación del máximo tratado de derechos para las personas con discapacidad y promovido acciones para ello.

Imagen principal: Canal del Congreso

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