En épocas de inclusión a la mexicana, reivindiquemos a la educación especial y sus maestros

Durante los últimos meses hemos estado inmersos en lo que considero un falso debate: las opiniones encontradas entre los que defendemos a la Educación Especial, y los que pugnan por su eliminación imponiendo el modelo inclusivo.

Cabe señalar que la Educación Especial y la Inclusión Educativa no se contraponen ni una sustituye a la otra, deben caminar juntas. El error está en asumir a la inclusión como una política educativa que involucra únicamente a las personas con discapacidad, y no como lo que es: una política de Estado que debe aplicarse de manera transversal y a todos los niveles (eso incluye a la educación).

La inclusión es un derecho de todos los seres humanos, con y sin discapacidad; no impone ideologías ni culturas hegemónicas, respeta las diferencias y proporciona a cada persona lo que necesita (equidad). Entenderla como responsabilidad exclusiva de la escuela y como el simple hecho de tener a todos los alumnos en el mismo espacio, desvirtúa su verdadera esencia y demuestra una visión reduccionista de la misma.

La permanencia de la educación especializada para alumnos con requerimientos específicos no debe estar supeditada a una política, enfoque o modelo de atención; es un derecho que debe garantizarse y respetarse. Hoy en día, la Educación Especial debe asumirse como la vía para lograr la inclusión y los aprendizajes para la vida.

Nos hemos concentrado tanto en defender a una o a la otra, que se ha desviado la atención e ignorado lo que debería ser el objetivo principal: garantizar el derecho a la educación de todas las personas con discapacidad y de otros grupos en condición de vulnerabilidad.

Considero grave que se esté excluyendo de la discusión, y de la toma de decisiones, a las personas con discapacidad que asisten a escuelas públicas, a sus familias y a los maestros de Educación Especial. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece su derecho a ser consultados y a participar de las decisiones que los afectan directamente. En México este derecho está siendo vulnerado imponiendo la opinión de una minoría.

Existe un grupo de Asociaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales que se han asumido como representantes de todas las personas con discapacidad del país; el Estado les ha facultado para tomar decisiones, que en muchas ocasiones obedecen a intereses particulares y cuyos beneficios e impacto en la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad son cuestionables.  

En un país, donde se calcula que entre el 13 y el 15% de la población vive en condición de discapacidad, se toman decisiones a partir de la opinión de unos cuantos, sin realizar consultas, sin diagnóstico y sin importar las repercusiones de estas acciones. Es así como los defensores de la inclusión excluyen a los directamente afectados.

El desmantelamiento y abandono de la Educación Especial, comenzó hace más de diez años. El año pasado, a raíz de la disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desencadenó una campaña mediática y en redes sociales donde se le ha desprestigiado; repercutiendo negativamente en alumnos, familias, maestros, servicios y escuelas. Los principales detractores de esta disciplina destacan por las vagas nociones que tienen sobre su función (de la educación especial), el desconocimiento de sus servicios y su nula empatía hacía todas las personas que se benefician o han beneficiado de ella.

También se ha difundido la idea de que el maestro especialista ya no es necesario y que realizando ajustes razonables y garantizando la accesibilidad, cualquier maestro podrá ofrecer la respuesta educativa que todos los alumnos requieren. Reducir la atención de los alumnos con discapacidad, a estos dos elementos, ignorando la parte metodológica, didáctica, pedagógica y especializada, es un riesgo latente y augura un desastre educativo en el que los mayores afectados serán los estudiantes.  

Para que los alumnos aprendan, no basta con tener nociones básicas sobre discapacidad, tomar un curso de lengua de señas mexicana (LSM), uno de Sistema Braille y otro de tableros de comunicación (por citar algunos ejemplos); para que el alumno aprenda hay que saber enseñar y eso implica tener conocimientos sobre las diferentes condiciones que existen, adentrarse en el estudio de los procesos cognitivos, dominar varios métodos, estrategias y herramientas de enseñanza, dominar la LSM, realizar adecuaciones curriculares, evaluaciones psicopedagógicas y orientar a los padres para fortalecer los aprendizajes construidos.

Pero, lo más importante y que poco se menciona, es que para que el alumno aprenda, hay que ser empáticos, reconocerlo y respetarlo; centrarnos en lo que puede hacer, lo que le gusta, lo que le interesa y lo que necesita para desarrollarse de manera integral y vivir dignamente.

Pero ¿Qué se entiende por Educación Especial?

Hace unos días, leí en una columna de opinión que “no existe una definición” para este concepto y que la Educación Especial significa “separar a unos alumnos de otros”. Ante la difusión de ideas erróneas, me permito aclarar que dicha definición si existe y es la siguiente:

En la imagen una descripción del concepto de educación especial, en la que se menciona que éste surge de las investigaciones del Dr. Itard y cómo ayuda al proceso educativo

Parece mentira que, a través de una política internacional (malinterpretada y utilizada a modo), se quiera eliminar una disciplina con más de dos siglos de investigación, desarrollo, trabajo e impacto positivo en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Una disciplina indispensable para garantizar su derecho a la educación y a la dignidad humana.

En México la Educación Especial se ofrece en las escuelas regulares, a través de servicios de apoyo (USAER, UDEEI, CAPEP) y en las escuelas especializadas (CAM, CAED), donde se atiende a los alumnos con requerimientos más específicos y condiciones de discapacidad más profundas. Todos los servicios y escuelas son parte del Sistema Educativo Nacional (SEN) y se rigen bajo los mismos principios de operación, funcionamiento y administración, otorgan los mismos certificados que las escuelas regulares y cubren el mismo horario.

Si existen servicios de Educación Especial alternos, son los que ofrece la iniciativa privada y contra los cuales no se ha dicho una sola palabra, siguen y seguirán operando con normalidad, además de que se beneficiarían directamente de la desaparición de los servicios públicos.

Contrario a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 3 de octubre de 2018, la Educación Especial no es un sistema educativo aparte, especial o alterno. Tampoco “segrega” o “discrimina” a los alumnos, no se les mantiene en condición de internamiento ni se violan sus derechos humanos.

A lo largo de su historia en México, la Educación Especial ha transitado entre los modelos de atención Asistencialista, Médico-Rehabilitador, Psicopedagógico, Integrador y ahora Incluyente; los dos últimos implementados de manera violenta, sin realizar estudios de impacto y sin tomar en cuenta todos los involucrados en la educación para personas con discapacidad. Los maestros han tenido que adaptarse y afrontar estos cambios, sin capacitación, sin herramientas, sin materiales, en aulas sobrepobladas y en escuelas en condiciones precarias.

En la imagen se explican las funciones del maestro de Educación especial, como responder a necesidades educativas particulares y concientizar a padres de familia

Tanto su formación, como su participación dentro de las aulas, se ha ido diluyendo y limitando hasta llegar a la eliminación de la Licenciatura en Educación Especial y sus cuatro áreas de formación, específicas para la atención a la discapacidad (Motriz, Auditiva y Lenguaje, Visual e Intelectual). Imponiéndose la Licenciatura en Inclusión Educativa, la cual ofrece una formación deficiente y muy pocas herramientas para la atención a alumnos con discapacidad.

Se espera que el Licenciado en Inclusión, de respuesta a las necesidades de siete grupos en condición de vulnerabilidad:

  • Personas con discapacidad.
  • Indígenas.
  • Migrantes.
  • Talentos Específicos.
  • Aptitudes Sobresalientes.
  • En situación de calle.
  • En situación de enfermedad.

Es así, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), eliminó el campo disciplinar de la Educación Especial, y comenzó a formar maestros “todólogos” y sin competencias para brindar respuestas educativas oportunas. Las autoridades educativas creen firmemente que eliminar una licenciatura y sustituirla por otra, nos convertirá en automáticamente en incluyentes.

Educación Especial para la inclusión

La permanencia y el fortalecimiento de la Educación Especial no implica que esta sea la única respuesta educativa, ni que todos los alumnos con discapacidad deban estar en las escuelas especializadas; implica que se contará con los apoyos y el personal especializado para favorecer y garantizar la inclusión en todas las escuelas y a todos los niveles.

Implica su reconocimiento como disciplina y asumir a los maestros como agentes esenciales para alcanzar el ideal de inclusión.

Los que integramos el colectivo Educación Especial Hoy, pensamos y proponemos una transformación de fondo, un cambio en los modelos de atención y la adopción de un enfoque humanista que propicie la convivencia, la comunalidad, los aprendizajes para vida y el respeto a la diferencia. Así, si seríamos incluyentes.

Ante este panorama y hablando de inclusión educativa “a la mexicana”, me pregunto:

  • ¿En qué momento se malentendió que la inclusión es únicamente para personas con discapacidad y asunto exclusivo del sistema educativo?

En el caso de las personas con discapacidad:

  • ¿De qué manera se va a implementar la inclusión, si ya no habrá maestros formados, capacitados y especializados?
  • ¿De qué manera se hará efectivo el derecho a la educación de los alumnos, si no se les proporcionarán las herramientas ni la atención necesarias?
  • ¿Es la política de inclusión, el pretexto que está utilizando el Estado para desentenderse de su responsabilidad con la educación de este sector de la población?
  • ¿Quién se beneficia de la eliminación de la Educación Especial a nivel público?
  • ¿Por qué dejar de formar maestros de Educación Especial en las Escuelas Normales Públicas, mientras se autoriza a instituciones privadas a ofertar esta formación?
  • ¿Conocen, los impulsores de la inclusión radical, las condiciones del Sistema Educativo Nacional y tienen a sus hijos inscritos en escuelas públicas?

Mi pronóstico es negro, si no se reconoce a la educación especializada como un derecho, no se le fortalece como la medida específica más importante para garantizar la inclusión; si echamos a la basura toda su experiencia e investigación y si se sigue ignorando a los directamente afectados; estaremos cayendo en un circulo vicioso de simulación que derivará en mayores brechas de discriminación, exclusión, aislamiento y deserción; además de graves violaciones a los derechos humanos.

En conclusión, la inclusión a la mexicana se basa en la negación de la diferencia, la imposición y la negación de derechos; en el amiguismo entre los que toman decisiones, y en la oportunidad de recortar el presupuesto destinado a la educación.

Manifiesto que:

“Incluir va más allá que tener a todos los alumnos dentro de la misma aula y poner rampas de acceso. Ninguna política internacional, está por encima del derecho a la dignidad humana y del interés superior de la niñez”.

Visita nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/EducacionEspecialHoy/

Por: Sabina Itzel Hermida Carrillo/Colectivo Educación Especial Hoy

Cuidadora de personas con discapacidad, activista y hermana de Amparo, joven de 23 años, en condición de Síndrome de Down (Trisomía 21).


Las opiniones publicadas en este texto son responsabilidad únicamente del autor y no reflejan necesariamente la postura del Blog Todo Incluido.

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