El Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) acaba de lanzar la convocatoria para la instalación de una nueva asamblea consultiva, que estará integrada por 10 personas entre expertos, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, así como un representante electo de cada una de las Entidades Federativas. Sin embargo, esta dependencia continúa con personal encargado y sin la certeza de saber si seguirá existiendo a más de un año de iniciado el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Asamblea Consultiva es un “órgano de asesoría y consulta (…) que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa”, según puede leerse en el capítulo IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Los integrantes tienen carácter honorífico, es decir, no perciben ningún ingreso por desempeñar esta labor y el cargo tiene una duración de 3 años. Sin embargo, se desconoce qué programas podrían ser propuestos para una entidad gubernamental que carece de titular y rumbo.

La relación entre la actual administración federal y Conadis ha sido poco favorable, pues el presidente López Obrador anunció en sus habituales conferencias matutinas que se evalúa la desaparición del Consejo debido a la política de austeridad republicana que ha intentado implantar en esta y otras dependencias del gobierno (misma que ha generado recortes al presupuesto) y a que la entrega de recursos a beneficiarios ya no tendría intermediarios (aunque la labor de Conadis no es repartir dinero).

Lo anterior provocó una serie de manifestaciones por parte de activistas con discapacidad y grupos relacionados con la causa que derivaron en mesas de reunión con la Oficina de la Presidencia y la Subsecretaría de Bienestar, sin que se obtuviera un nombramiento de titular para el Consejo o la certeza de una política pública más allá de la pensión bimestral que ofrece el gobierno sólo a un millón de niñas y niños con discapacidad, y que deja en el olvido a más de 7 millones de personas con alguna condición (entre jóvenes y adultos mayores).

El panorama de Conadis, siempre adverso

Las controversias con el Consejo no son una novedad. En 2016, la Junta de Gobierno fue acusada de irregularidades y se señaló como responsable al entonces titular, el Mtro. Jesús Toledano Landero. Las organizaciones de la sociedad civil demandantes señalaron que la Junta sesionaba sin la presencia de 5 representantes provenientes de la Asamblea Consultiva, por lo que se tomaban decisiones de política pública sin la consideración de la ciudadanía. Un juez resolvió inhabilitar al estatuto orgánico, impidiendo sus trabajos.

Lo anterior sucedió unos años después de que el gobierno federal, en ese entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y tras las presiones de la sociedad civil, se reubicara al Consejo de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Bienestar). La razón del cambio fue la mirada asistencial y médica que podía darse desde el sector salud al tema de la discapacidad, mientras el desarrollo social permitía tratar la causa como algo transversal. En esa dependencia permaneció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y continúa ahí a pesar del cambio de denominación que realizó la administración federal actual.

Desde su creación en 2011, el Consejo ha reportado acciones como firmas de convenios con gobiernos locales que buscan la inclusión de las personas con discapacidad, así como acuerdos internacionales de participación gracias a su asistencia a Foros realizados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, fue el Comité de esta Institución internacional el que también señaló irregularidades en el funcionamiento de Conadis, relacionadas con su ausencia en el desarrollo de política pública y su omisión en el ejercicio de un presupuesto referido a la iniciativa privada (en concreto, a la Fundación Teletón).

El gasto de Conadis: 6 millones de pesos al año, tan sólo en sueldos

Mientras el destino del Consejo es incierto, éste funciona todavía con personal encargado. La persona en la parte superior de la jerarquía es Daniel Vélez Ramírez, quien firma la Convocatoria para la Asamblea Consultiva y se desempeña como Director de Operación Administrativa. Junto a él, un equipo selecto de servidoras y servidores públicos ostentan sueldos netos de hasta 50 mil pesos mensuales, según puede consultarse en el portal de la Secretaría de la Función Pública: Nómina transparente, generando un gasto de 6 millones de pesos anuales para una entidad de gobierno que reporta escasa actividad.

La sección de Prensa que se encuentra en el portal de CONADIS sólo muestra dos comunicados en lo que va de la gestión comparado con el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que se reportaron al menos 6 acciones entre firmas de convenios y apariciones de la entonces titular, la Dra. Mercedes Juan.

Lo mismo ocurre en el apartado de Acciones y Programas, donde lo más reciente es el convenio de la institución con la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, también firmado por la administración anterior.

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La Asamblea Consultiva que se nombre para el siguiente periodo tiene entre sus pendientes el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que permitiría tener datos duros reales sobre las condiciones socioeconómicas y hasta de salud con las que viven el sector de la población mexicana que vive con discapacidad. Además de promover un discurso y acciones transversales para eliminar las brechas que imposibilitan la inclusión de las personas con discapacidad, entre ellas la inclusión escolar, y la posibilidad de impulsar políticas públicas en favor de este sector de la población.

Sumado a esto, el panorama en el sector educativo resulta complejo al buscar desaparecer la licenciatura en educación especial, que beneficiaría a millones en la niñez mexicana que requiere atención personalizada en el desarrollo educativo, además de arrastrar de administraciones pasadas un adeudo en el pago a profesores, que incluso al día de hoy siguen reclamando sin una respuesta serie por parte del canal de televisión.

La convocatoria concluye la recepción de documentos el 17 de marzo y puede consultarse en extenso al hacer clic en el siguiente enlace: http://www.dof.gob.mx/2020/CONADIS/convocatoriaasambleaconsultivaconadis_240120.pdf